Panel déficit habitacional: La urgencia de poner a las personas en el centro

Problemas de larga data
Gabriel Bravo es profesor de historia, de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Dentro de su formación académica ha podido profundizar en las causas del déficit habitacional en Chile, y en ese marco resalta el rol de la Iglesia durante la década de 1950 en favor de las familias sin techo. También cita al Papa Pío XXII, quien definió la vivienda como un derecho de las personas e insistió en que lo económico no debe separarse del aspecto moral.

“Hoy es una problemática relevante que existe”, describe, e indica que las políticas habitacionales en estos últimos 40 años han sido de carácter contradictorio. “Existe un desplazamiento de la población hacia la periferia que ha conllevado a un empobrecimiento de la calidad de vida de las personas. No solamente a la calidad de vida de la habitación, sino del barrio, porque para pensar el problema del déficit habitacional se debe vincular con el entorno y no verlo como elementos separados del mismo problema”, apunta.

“En Chile existen sectores en los que el narcotráfico se ha tomado las poblaciones. Entonces, vivir dignamente no significa tener una buena casa sino un entorno donde las comunidades puedan reencontrarse, en el que existan áreas verdes, accesos a los servicios básicos y seguridad de las comunidades”, argumenta.

Acceso a la vivienda en la nueva Constitución
En esta misma línea, la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Fundación Techo, Pía Palacios, sostiene que en la actualidad existen grandes poblaciones que están absolutamente desconectadas de la ciudad. Al mismo tiempo los graves problemas de acceso a la vivienda que existen hoy se relacionan con la casi nula oferta al alcance de los estratos socioeconómicos más bajos, “porque el mercado no está apuntando hacia ellos y es el Estado quien se hace cargo, con ciertos subsidios y con una política habitacional que si bien dio resultados hace tiempo, hoy está quedando al debe”.

En este plano, propone que la nueva Constitución consagre el derecho a la ciudad como un eje integrante del derecho a la vivienda. “De esta manera aseguramos un conjunto de condiciones, equipamientos, servicios y bienes públicos que se encuentren disponibles dentro del habitar, garantizando que todas y todos los habitantes puedan utilizar, producir, transformar y gobernar, así como disfrutar la ciudad, con un uso justo”, enfatiza.

“Tenemos que descentralizar la toma de decisiones. Es vital para poder hacer de los territorios lugares mucho más habitables para todas y todos, garantizando explícitamente la participación ciudadana, para que participen en la planificación territorial”, agrega.

Agilidad y cooperación para la solución habitacional
El geógrafo UC e Investigador del centro de estudios Pensar en Público, Felipe Mancilla, acentúa que otra de las causas del problema habitacional es la lentitud en el otorgamiento de permisos de edificación y “la incerteza jurídica que se está dando en algunos lugares, para la realización o la construcción de una vivienda. Esto encarece los precios y el acceso” a la vivienda, denuncia.

En este plano, considera que se necesita mayor agilidad en la resolución de los procesos de construcción de vivienda, además de fortalecer las redes de apoyo. “Cuando los proyectos de vivienda se hacen con co-construcción, co-participación y co-gestión, al final del día estamos asegurando que las redes de apoyo que tiene una familia en el barrio terminen justamente en ese mismo barrio”, propone.

“Más allá de que tengamos diferencias, lo que se requiere es un mayor Estado para el acceso a la vivienda. Me parece fundamental el empoderamiento de los gobiernos locales. Por esto, el principal acceso para los comité de allegados, más allá del Ministerio de Vivienda, es la municipalidad”, asevera.

De la retórica a los compromisos
Iván Poduje, arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano UC, advierte que se ha preparado un “cóctel explosivo” en torno a esta crisis, en que confluyen el alza de precios, el arraigo, las ganas de vivir en un lugar en específico, la crisis social y el tema migratorio. Por esto, es tajante en afirmar que en el contexto del inicio del nuevo Gobierno y la discusión de la Constitución “necesitamos pasar de la retórica, que abunda en este tema, a los compromisos políticos, que deben ser exigibles a las nuevas autoridades”.

“Lo primero que hay que poner sobre la mesa son las necesidades de las familias en Chile”, recalca. Al mismo tiempo, estima que el momento político que vive el país “nos permite hacer apuestas más osadas. Hagamos una apuesta para que todas las viviendas en Chile tengan un proyecto de integración social. Reflotemos la Operación Sitio que hizo Eduardo Frei Montalva hace 50 años, en la que entregó 50 mil propiedades a las familias sin casa, en barrios que hasta hoy se mantienen bien”, apunta. “El Estado tiene recursos y tiene que hacer una Operación Sitio para así pasar de 65 mil viviendas a 100 mil, de calidad y en barrios equipados. Si no hacemos eso, si nos quedamos en la retórica, vamos a estar los próximos cuatro años discutiendo el derecho a la vivienda, el rol del Estado y de los políticos, mientras que las familias siguen esperando. Eso es insostenible”, declara.

Pilar Goycoolea, directora ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social, describe que en la actualidad un postulante a la vivienda que entra al Serviu, por el DS 49 -que establece la política pública para los más vulnerables demora casi ocho años en el trámite. “Eso es algo inconcebible. Que una persona reciba un subsidio y su expectativa de recibir su casa en ocho años más es algo que realmente hace que la capacidad de gestionar proyectos y ofertas no vaya de la mano de la demanda que se tiene”, asevera. Ante este escenario, advierte que se debe actuar con urgencia y las respuestas tienen que estar enfocadas en modo de emergencia. “Hoy lo estamos resolviendo tímidamente y no apostaría a escatimar recursos, tiempo y conversaciones. Hay que solucionar este déficit en los próximos diez años y no esperar 30, sin contar los futuros déficits que podrían existir. Como sociedad y como Estado estamos buscando soluciones a un problema grave, que pone en riesgo nuestra paz social, de una manera tímida y no estructural”, precisa.