Educación y nueva Constitución, reflexiones desde la Iglesia

Desde este 4 de julio comienza a sesionar la Convención Constitucional, cuya misión será deliberar y redactar una carta magna para Chile, la cual deberá contemplar el aspecto educativo. Este escenario se presenta como una gran oportunidad para compartir y confirmar algunos principios fundamentales que permitan el desarrollo integral de los estudiantes.

El documento de la CeCh, firmado por el Consejo Asesor del Área de Educación y el obispo Héctor Vargas, recoge el anhelo de una “Constitución que consagre la educación como un derecho, estableciendo garantías de acceso, elección, permanencia y egreso; en un proceso educativo integral de calidad e inclusivo, cuyo objetivo sea el desarrollo de las personas en su multidimensionalidad (psíquica, corporal y espiritual), en pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos”.

En este contexto la reflexión propone siete principios (ver recuadro), que piden un reforzamiento del sentido público de la educación, comprendida como derecho; la necesaria libertad de enseñanza para valorar la diversidad de proyectos educativos como respuesta a la heterogeneidad   de la población; valorar el rol de la familia como primera educadora; la provisión mixta para que la colaboración educativa llegue a todos los sectores de la sociedad, sin exclusión.

Roberto Pavez, director del Área de Ed u c a c i ó n de la Conferencia Episcopal de Chile, cree que este documento será trascendental para pensar en el futuro, no sólo para la educación básica o media, sino que también para la educación superior. “Soñamos una sociedad más igualitaria -agrega- que incorpore diferentes culturas, diferentes realidades y que nos permita llegar a instalar una propuesta no sólo de cobertura, sino que fundamentalmente de calidad educativa, pero también, que responda a las necesidades reales de las personas, más allá de los intereses económicos. Que el foco sea formar para que la gente se realice y se les asegure los espacios para su plena realización”.

Fabiola Zambra, secretaria ejecutiva de la Vicaría para la Educación, sostiene que estas definiciones son el resultado de un trabajo con diversos equipos directivos de los colegios y “sin duda, ayudará a tener claridad respecto de los mínimos esenciales, para que los proyectos educativos tengan viabilidad en una sociedad cada vez más plural, pero que debe respetar las diferencias”.

José Joaquín Brunner, exministro de Estado y miembro del equipo redactor del documento y del Consejo Asesor de Educación CeCh, a la luz de la declaración, afirma que la educación se debe mirar como un gran tesoro que reúne las mejores tradiciones y esperanzas de un individuo y de la sociedad, “ya que comprende los cuatro aprendizajes fundamentales, como el aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. Este último es el más importante, pues significa el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos”.

El padre Andrés Moro, vicario para la Educación, concluye: “El futuro de la educación es también el futuro de nuestra patria, sobre todo de niños, niñas y jóvenes. Por eso este documento, junto a otros aportes, permitirá ayudar a enriquecer el diálogo en torno a estos   principios que consideramos fundamentales”.

Propuesta de principios fundamentales para la nueva Constitución

1) Protección a las familias y la educación, mediante un Estado que proteja y apoye a las familias en todas las dimensiones de su bienestar.

2) Garantía de Estado del derecho a la educación y libertad de enseñanza en todos los niveles, con instituciones públicas o particulares y libertad de elegir.

3) Equidad educativa, donde el Estado genere condiciones para la cobertura y calidad de los procesos educativos, en igualdad de oportunidades y recursos.

4) Educación intercultural y lenguas originarias, con enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias, en su contexto territorial, histórico y cultural.

5) Comunidades educativas participativas que favorezcan un diálogo colaborativo, relevando a los estudiantes como sujetos de aprendizaje y centro del proceso educativo.

6) Autonomía de las instituciones de educación superior, considerando libertad de cátedra y administrativa de las instituciones con libertad para investigación y enseñanza.

7) Neutralidad activa del Estado y pluralismo cultural, que reconozca libertad de creencias, expresión de diferentes credos, cosmovisiones y tradiciones.