Opinión: Avanzar hacia la conectividad universal

Aprendemos con la pandemia que nada será como antes. La educación y el trabajo a distancia llegaron para quedarse y lo presencial, siendo muy relevante para el aprendizaje, será complementado con todos los recursos que nos permitan las nuevas tecnologías. Pero este proceso entraña nuevas desigualdades si la conectividad no va acompañada de medidas que permitan el acceso universal. En Chile, un 56,7% de hogares no cuenta con acceso a internet mediante conexión fija. Si bien se duplicó el alcance con fibra óptica en algunas comunas, persisten la brecha entre lo urbano y lo rural con una conectividad de 76,1% y 49,6% respectivamente. Aunque hay más disponibilidad de celulares, la mayor parte del tráfico de internet sigue siendo la conexión fija. Pero incluso la conexión móvil puede ser engañosa por la diferencia que se da entre los sectores socioeconómicos, pues en el segmento ABC1 el porcentaje de conectividad es casi el doble del que existe en el grupo DE (87,8% y 43%). Algo similar se da con la tenencia de computadores o notebook, donde el primer sector registra un 93% y el segundo sólo llega a un 38%.

Esta desigualdad de condiciones necesarias para una buena educación, hace que la conectividad ya no se comprenda sólo como un recurso, sino como una variable fundamental para evitar una nueva causa de exclusión educativa. Ya en el 2011 la ONU declaró el acceso a internet como un derecho, pues no se trata de algo que dependa solo de las   posibilidades de cada familia o colegio. El rol de Estado es fundamental en las alianzas que pueda realizar con el sector privado, como un ejemplo de la subsidiariedad que propone la Enseñanza Social de la Iglesia. El programa “Conectividad para la Educación 2030” avanza en ese sentido, pero tal vez ya no deba estar sujeto a postulación ni a plazos rígidos. El “Roaming automático nacional”, es una iniciativa legal que también debe potenciarse para dar cobertura a todas las zonas del país, especialmente las más aisladas. Además, el despliegue de la 5G implica un gran desafío respecto de políticas públicas que incentiven la equidad e inclusión tecnológica de los ciudadanos, sobre todo los más pobres y adultos mayores. Igualmente, ojalá este año sepamos de planes y recursos asignados para integrar esta tecnología en las aulas o programas escolares.

De este modo, si se avanza en conectividad universal, todo el sistema educativo pasará de la urgencia a una transformación digital necesaria y coherente con la justicia, pensando en mejores oportunidades de desarrollo para las personas y en el futuro de la educación.